CEBAMDER revela: Informe de INAPA destaca que el 50 por ciento del agua destinada a Manzanillo fue asignada al proyecto Energía 2000 durante el año 2025
Por Frank Valenzuela
Entre diciembre de 2024 y mayo de 2025, documentación oficial de INAPA registra la entrega de 8,764 metros cúbicos de agua potable —equivalentes a 8,764,000 litros— al proyecto Energía 2000, volumen que representa aproximadamente el 50% del agua destinada a Manzanillo en ese periodo, en un sistema que produce apenas 491.11 m³ diarios y donde sectores de la comunidad reportaban acceso limitado al servicio.
CEBAMDER precisa que los datos, documentos y cifras citados en este reportaje provienen de información oficial entregada por INAPA mediante solicitud formal de libre acceso a la información pública, conforme a la Ley 200-04, y forman parte del expediente documental que sustenta esta investigación.
Una investigación realizada por el Centro Bahía de Manzanillo para el Desarrollo Regional (CEBAMDER) revela que el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) registró, mediante contrato, medición y facturación oficial, la entrega de 8,764 metros cúbicos de agua potable (8.7 millones de litros) al consorcio Energía 2000, operador del proyecto Manzanillo Power Land, durante el año 2025. Esta cantidad, documentada en el propio informe institucional, no es un dato menor: equivale aproximadamente a 21 días completos del consumo total de la población, en un sistema con pérdidas del 30% (147.33 m³ diarios) y un consumo comunitario estimado de 417.44 m³ por día. La cifra supera ampliamente la solicitud inicial de 4,800 m³, que ya representaba el 978% de la producción diaria del sistema, lo que sitúa el caso en una escala que exige explicación técnica, institucional y pública.
La institución ciudadana, miembro del Consejo de Organizaciones para el Resarcimiento Socioambiental y Productivo del Municipio Pepillo Salcedo, señaló que las cifras contenidas en el propio informe de INAPA obligan a revisar críticamente la narrativa de responsabilidad social asociada al proyecto. La entrega de 8.7 millones de litros de agua potable, en un contexto donde sectores de Manzanillo recibían el servicio de forma limitada, se produjo mediante una operación formalizada que incluyó contrato de suministro (No. 017-2025, firmado el 10 de febrero de 2025), acometida instalada, macromedidor, registro volumétrico y facturación por RD$445,044.88 (aproximadamente RD$50.80 por m³, exento de impuestos), conforme a la factura emitida el 26 de mayo de 2025.
Destaca que, el Estudio de Impacto Ambiental del año 2013, usado como base para la emisión de cinco licencias ambientales del proyecto, establecía que el agua provendría del área de amortiguamiento de Laguna Saladilla, vinculada al entorno del Parque Nacional Manglares de Estero Balsa. Esa zona forma parte del Sitio Ramsar “Los Humedales de Montecristi y la Línea Noroeste”, No. 2497. Sin embargo, el informe de INAPA revela que en 2025 el proyecto utilizó agua potable de la red pública de Manzanillo, una diferencia técnica que exige explicación institucional.
1. La empresa que ya impactó Estero Balsa hoy aparece vinculada al acueducto de Manzanillo
El consorcio Energía 2000, operador del proyecto Manzanillo Power Land, no es un actor desconocido para las comunidades de Pepillo Salcedo. Según documentación recabada por CEBAMDER y organizaciones territoriales, esta empresa ha sido señalada en procesos comunitarios por impactos asociados a operaciones de dragado en Playa Estero Balsa, afectaciones al sistema coralino donde el sector ecoturístico realizaba actividades de buceo, modificación de flujos hidrológicos costeros, presión sobre manglares e industrialización del borde de playa. Estos elementos configuran un historial de intervención territorial que antecede al uso del agua y que forma parte del contexto en el que hoy se analizan los datos contenidos en el informe de INAPA.
Sobre ese historial se suma ahora un nuevo capítulo, igualmente documentado: la conexión del proyecto al sistema de agua potable de Manzanillo. El informe técnico de INAPA ubica el punto de conexión en la línea matriz del sistema, específicamente en una ventosa de la tubería de conducción de 20 pulgadas que alimenta el depósito. Esto implica que la captación del agua se realizó en un punto estructural del sistema, antes del almacenamiento comunitario, en un contexto donde el propio acueducto produce aproximadamente 491.11 m³ diarios y presenta pérdidas del 30%, según el balance hídrico institucional.
No se trata de una conexión simbólica ni menor. El expediente documenta una acometida de 2 pulgadas, equipada con macromedidor, válvulas, bridas y registro volumétrico, elementos que evidencian una operación técnicamente estructurada y formalizada. Esta infraestructura permitió registrar un volumen entregado de 8,764 metros cúbicos (8.7 millones de litros), lo que equivale aproximadamente a 21 días completos del consumo comunitario. En ese contexto, la conexión debe entenderse como una intervención de escala relevante dentro de un sistema público limitado, no como una asistencia ocasional.
2. El 50 por ciento del agua de Manzanillo: las cifras que definen el caso
Los datos contenidos en el informe de INAPA permiten dimensionar el caso en términos concretos. El sistema de Manzanillo produce alrededor de 491.11 m³ diarios, mientras el consumo comunitario estimado es de 417.44 m³ por día, con pérdidas de 147.33 m³ diarios (30%). Sobre esa base, Energía 2000 solicitó inicialmente 4,800 m³ de agua potable, una cantidad que representaba el 978% de la producción diaria del sistema y más de 11 días completos del consumo total de la comunidad.
La cifra más significativa aparece en la ejecución real: el medidor registró un volumen entregado de 8,764 m³, equivalentes a 8,764,000 litros de agua potable. Traducido a escala comunitaria, ese volumen representa aproximadamente 21 días del consumo total de Manzanillo. Este dato, documentado en el informe institucional y respaldado por facturación oficial, convierte el caso en un tema de interés público, ya que muestra la utilización de un recurso esencial en una magnitud que excede ampliamente una operación puntual.
El costo asociado a ese volumen fue de RD$445,044.88, según la factura emitida el 26 de mayo de 2025, lo que equivale aproximadamente a RD$50.80 por metro cúbico, con clasificación exenta de impuestos. Si se distribuye ese monto en el periodo documentado, el costo mensual promedio ronda los RD$89,000, una cifra que contrasta con la escala del proyecto energético, cuya inversión supera los 1,000 millones de dólares. Esta relación entre volumen, costo y contexto económico es uno de los elementos que alimentan el debate sobre el uso del recurso hídrico en Manzanillo.
3. Una extracción que no tiene cierre documentado: el vacío sobre los pozos prometidos
Uno de los elementos más sensibles del informe de INAPA es lo que no aparece documentado. Aunque se registra con precisión la solicitud, el contrato y la facturación de 8,764 m³ (8.7 millones de litros), no existe en el expediente entregado una certificación oficial que establezca la fecha de cierre del suministro ni evidencia técnica verificable de que los pozos profundos y la planta de tratamiento propios del proyecto hayan sido concluidos y puestos en operación. Este vacío es relevante, porque la propia solicitud del 12 de diciembre de 2024 justificaba el uso de agua potable pública en que dicha infraestructura se encontraba en construcción.
El informe tampoco incorpora lecturas posteriores al 26 de mayo de 2025, fecha de la factura que confirma el volumen consumido. Esto significa que, desde el punto de vista documental, no es posible establecer con certeza si el suministro se limitó estrictamente al periodo señalado o si se extendió más allá de esa fecha. En sistemas con producción limitada —491.11 m³ diarios— y con pérdidas del 30%, la continuidad o no de una extracción de esta magnitud es un dato crítico para evaluar el impacto real sobre el servicio comunitario.
CEBAMDER plantea que este vacío no puede ser interpretado como un simple detalle administrativo. La ausencia de información completa impide verificar si la condición de uso “provisional” establecida en el contrato No. 017-2025 se cumplió efectivamente en la práctica. En otras palabras, mientras no se entregue la documentación completa —incluyendo certificaciones técnicas, cronogramas de obra y actas de puesta en operación de los pozos—, el caso permanece abierto desde el punto de vista técnico, institucional y comunitario.
4. Solo el 40% de la información entregada: el límite de la transparencia en un tema crítico
Otro de los hallazgos centrales documentados por CEBAMDER es que, ante las solicitudes de información pública realizadas, INAPA habría entregado aproximadamente el 40% de las respuestas requeridas, dejando sin documentación completa aspectos clave del caso. Entre los elementos no entregados se encuentran el contrato íntegro, los estudios de sostenibilidad hídrica previos a la autorización, los registros completos de presión y caudal durante el periodo de extracción, así como la verificación independiente del estado actual de los pozos del proyecto.
Este nivel de respuesta parcial adquiere mayor relevancia cuando se analiza en el contexto de los datos ya confirmados: una extracción de 8,764 m³ de agua potable, equivalente a 8.7 millones de litros, realizada sobre un sistema con producción limitada y pérdidas estructurales. La falta de información completa impide evaluar con precisión si se cumplieron los criterios técnicos de sostenibilidad, si hubo afectación al servicio comunitario y si las condiciones contractuales fueron respetadas en su totalidad. En términos prácticos, la información entregada permite confirmar el volumen, pero no cerrar el análisis del impacto.
Desde una perspectiva institucional, este escenario plantea una pregunta de fondo sobre la gestión del recurso hídrico en Manzanillo: ¿puede evaluarse plenamente una operación de esta escala cuando no se dispone del 100% de la información técnica y administrativa? Para CEBAMDER, la respuesta es clara: sin transparencia completa, no hay verificación posible. Y sin verificación, no es posible afirmar que una operación de 8.7 millones de litros de agua potable sobre un sistema comunitario limitado haya ocurrido sin efectos sobre la población.
5. Las preguntas que INAPA debe responder: sostenibilidad, verificación y prioridad del servicio
A partir de los propios datos contenidos en el informe técnico, surgen preguntas institucionales que requieren respuesta clara. La primera es directa: ¿se realizó un estudio de sostenibilidad hídrica para Manzanillo antes de autorizar la entrega de 8,764 m³ (8.7 millones de litros) de agua potable a un proyecto industrial? La documentación entregada no contiene evidencia de ese estudio, a pesar de que el sistema produce apenas 491.11 m³ diarios, presenta pérdidas del 30% y tiene un consumo comunitario estimado de 417.44 m³ por día. En ese contexto, cualquier extracción adicional de gran escala debía ser evaluada con rigor técnico previo.
La segunda pregunta se refiere al cumplimiento de las condiciones contractuales. El contrato No. 017-2025 habría establecido que el suministro debía realizarse sin afectar el servicio a la población. Sin embargo, cuando se compara esa condición con un volumen ejecutado de 8,764 m³, equivalente a aproximadamente 21 días del consumo total de la comunidad, resulta necesario explicar cómo se verificó técnicamente que no hubo afectación. Esa verificación requiere datos de presión, continuidad del servicio, distribución real y comportamiento del sistema durante el periodo de extracción, información que no ha sido entregada en su totalidad.
La tercera pregunta apunta al rol institucional. INAPA es responsable de garantizar prioritariamente el acceso al agua potable para la población. Si el propio informe reconoce limitaciones del sistema —incluyendo ausencia de macromedición integral y estimaciones puntuales de caudal—, entonces la autorización de una operación de esta magnitud plantea una cuestión de fondo: ¿se aplicó el principio de prioridad del usuario doméstico en la toma de decisiones? La respuesta a esta pregunta no es solo técnica, sino también institucional.
6. El depósito de Manzanillo y la paradoja del servicio: infraestructura existente, acceso limitado
Mientras el informe documenta la entrega de 8.7 millones de litros de agua potable a un proyecto industrial, Manzanillo cuenta con un sistema que incluye un depósito con capacidad aproximada de 225,000 galones (alrededor de 851.7 m³), diseñado para sostener el servicio comunitario. Sin embargo, persisten reportes de acceso limitado al agua en distintos sectores, lo que plantea una paradoja evidente entre infraestructura disponible, producción del sistema y continuidad del servicio.
El expediente técnico señala que el depósito no presenta viviendas en su entorno inmediato, lo que sugiere que el problema no radica en la infraestructura en sí, sino en la dinámica de captación, distribución y presión del sistema. En ese contexto, la conexión en la línea matriz —antes del depósito— adquiere relevancia, porque implica que parte del caudal fue derivado antes de su almacenamiento comunitario. Esta condición, combinada con una producción diaria limitada (491.11 m³) y pérdidas estructurales del 30%, obliga a analizar con mayor profundidad la relación entre extracción industrial y estabilidad del servicio.
La pregunta central es operativa y social al mismo tiempo: ¿por qué un sistema que registra limitaciones en la continuidad del servicio pudo sostener la entrega de 8,764 m³ a un cliente industrial en un periodo de cinco meses? La respuesta a esta interrogante requiere información completa sobre distribución real, horarios de servicio, comportamiento de presión y gestión operativa durante el periodo analizado. Sin esos datos, la relación entre infraestructura, producción y acceso comunitario queda parcialmente explicada.
7. El Banco BCIE bajo escrutinio: cuando el agua entra en la debida diligencia
El caso documentado por CEBAMDER trasciende el ámbito local porque involucra estándares internacionales de financiamiento. El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) establece en su Política Ambiental y Social la obligación de identificar, evaluar y mitigar impactos ambientales y sociales asociados a los proyectos que financia. En ese marco, la utilización de 8,764 m³ de agua potable (8.7 millones de litros) provenientes de un sistema comunitario limitado, sin evidencia pública de un estudio previo de sostenibilidad hídrica, plantea un elemento que debe ser evaluado dentro de la debida diligencia del proyecto.
El propio expediente permite identificar una divergencia relevante: el Estudio de Impacto Ambiental aprobado originalmente contemplaba una capacidad distinta y una fuente hídrica diferente a la red pública de Manzanillo. Sin embargo, la solicitud del 12 de diciembre de 2024 reconoce que los pozos del proyecto no estaban disponibles, lo que llevó a utilizar el sistema público como fuente real durante el periodo de pruebas y construcción. Esta diferencia entre lo evaluado y lo ejecutado activa la necesidad de revisar si las condiciones ambientales y sociales fueron actualizadas conforme a la realidad operativa del proyecto.
Desde esta perspectiva, el caso no se limita a un tema de suministro de agua, sino a la integridad del proceso de evaluación. Si la documentación disponible muestra una extracción significativa de un recurso esencial en un territorio con limitaciones estructurales, corresponde verificar si se cumplieron los principios de evaluación de riesgo, sostenibilidad y protección comunitaria. Para CEBAMDER, esto implica la necesidad de una auditoría hídrica independiente, basada en datos completos, verificables y actualizados.
8. Agenda de resarcimiento y cierre: cifras, territorio y derecho
El Centro CEBAMDER sostiene que los datos contenidos en el informe de INAPA no pueden quedarse en el plano descriptivo. La documentación muestra una operación de 8,764 m³ de agua potable, equivalente a 8.7 millones de litros, ejecutada sobre un sistema con limitaciones estructurales, sin que exista hasta el momento información pública completa que permita evaluar su impacto total. Esta realidad plantea la necesidad de avanzar hacia mecanismos de resarcimiento, restauración y fortalecimiento territorial.
La dimensión económica del proyecto refuerza este planteamiento. Se trata de una inversión energética que supera los 1,000 millones de dólares, frente a una utilización documentada de agua potable por un costo aproximado de RD$445,044.88, equivalente a unos RD$50.80 por metro cúbico, exento de impuestos. Esta relación entre escala económica y uso de un recurso público básico alimenta el debate sobre la proporcionalidad entre beneficios privados y condiciones del territorio. En este contexto, las organizaciones plantean la necesidad de mecanismos estructurales que incluyan restauración ambiental, compensación productiva y participación comunitaria efectiva.
El cierre del caso no puede construirse únicamente con cifras; debe construirse con respuestas. En Manzanillo, en Copey y en Carbonera existen comunidades que han documentado su realidad y que demandan claridad institucional. 8.7 millones de litros de agua potable no son un dato abstracto: son un indicador concreto que obliga a explicar decisiones, verificar impactos y definir responsabilidades. A partir de los documentos disponibles, la exigencia es clara: transparencia completa, evaluación técnica independiente y una respuesta proporcional a la magnitud de los hechos documentados.
